Propósitos jurídicos de año nuevo

Propósitos jurídicos de año nuevo

Estamos en el último mes del año, prácticamente cerrando agenda y muchas veces posponiendo una buena cantidad de acciones para el siguiente año; pero, ¿cuántas de esas acciones fueron propuestas de año nuevo? De las que nos propusimos el fin de año anterior, ¿cuántas de esas metas realizamos y alcanzamos con resultado positivo?

El año se fue y la verdad, mucho de lo que nos propusimos lo dejamos, ya sea por falta de tiempo, las circunstancias no se dieron, flojera y un sin fin de etc., todo quedó en buenas intenciones; en buenas intenciones quedó ponernos una dieta alimenticia, ir al gimnasio, iniciar un negocio extra, hacer determinado trámite, darle una manita al jardín, ampliar nuestros estudios, leer determinado libro, y otras tantas cosas más que a lo largo del año nos recordamos, no obstante, no lo hicimos. Pero ya en terreno de la seriedad que merece cada cosa que nos propusimos y nos propongamos, hay que diferenciar nuestras propuestas de año nuevo en dos vertientes, unas son metas que nos establecemos y que, para que se cumplan, dependen completamente de nosotros mismos, de nuestra voluntad y esfuerzo, y otras que, para que se cumplan, no dependen de nosotros, entonces no hablamos concretamente de una meta propia sino un deseo o una expectativa respecto de los cuales nuestras propias acciones resultan irrelevantes. Mucho de ese incumplimiento de metas propuestas en ocasiones se refiere a la ausencia de una Planificación Personal, debemos tener en cuenta que una parte de esa prosperidad y felicidad que nos proponemos se pueden lograr si nos fijamos metas claras para nuestra vida y nuestros intereses y nos comprometemos a encontrar los pasos adecuados para lograrlas o la ayuda profesional que amerite el caso. En esta ocasión, nos hemos dado a la tarea de establecer 5 metas jurídicas a alcanzar, estableciendo los beneficios que le traería a su vida, y desde luego, mostrando los pasos de cómo alcanzar esas metas, en caso de que éstas sean necesarias en su vida.

Metas:
1. Patrimonio Familiar.
2. Testamento.
3. Juicio de Intestado o Testamentario.
4. Divorcio.
5. Juicio de Alimentos.

1. PATRIMONIO FAMILIAR

Trabajamos para tener una vida digna, adquirir bienes que nos hagan más placentera nuestra existencia y disfrutar con nuestra familia y amigos una vida adecuada que a la larga hace más sana la convivencia social. Establecer un patrimonio para los nuestros es una preocupación constante y sobre todo, conservarlo. En verdad es reconfortante saber que nuestros hijos, la familia en sí siempre puede estar gozando de un techo, que ese techo en específico está protegido y garantizado frente a toda adversidad, al menos hasta que nuestros hijos estén listos para levantar el vuelo; está situación está prevista por nuestras Leyes, y que en pro de la familia, para preservar esa institución como base de toda sociedad, ha establecido el mecanismo adecuado para conservar lo necesario para que aquella prevalezca y crezca, a través de la figura jurídica de: El Patrimonio Familiar.

El Patrimonio Familiar es esa garantía de seguridad en algunos bienes que se entiende son de la familia, y que se puede interpretar en el espíritu de la norma, como una ventaja más para que la familia se preserve unida en un solo lugar, en el caso del hogar, sin peligro a ser despojada por ningún medio legal. Así las cosas, el Patrimonio Familiar, dice la Ley, está constituido por los bienes que en la misma se determinan; sobre la base de que no pueden ser vendidos, donados, cedidos, o trasferidos de cualquier otra forma legalmente establecida, y no estarán sujetos a embargo ni a gravamen alguno, excepto los casos siguientes: Tratándose de Alimentos, en estos casos podrá ser embargable hasta en un 50%; y cuando se demuestre que es de suma necesidad gravarlo, y ello con miras a construir, ampliar y mejorar el mismo bien, luego de quedar cubierto el gravamen, el bien seguirá sujeto al Patrimonio Familiar.

La constitución del patrimonio familiar es a través de un trámite fácil y corto que se lleva ante la Autoridad Judicial, precisamente ante la decisión de un Juez de lo Familiar, y puede ser solicitado ya sea por el padre o por la madre; a falta de éstos, por el ascendiente que ejerza la patria potestad; también lo pueden solicitar los cónyuges sobre sus bienes respectivos; por el pariente de cualquier grado que suministre alimentos a sus ascendientes o descendientes, siempre que vivan formando una familia (el caso de la pareja en unión libre); y, por el tutor, cuando administre bienes pertenecientes a menores. Los bienes que pueden quedar sujetos al régimen del patrimonio familiar, de acuerdo a la propia Ley, son: I.- La casa habitación de la familia, adquirida en propiedad por el jefe de familia o por alguno de sus miembros; II.- En algunos casos una parcela cultivable; III.- El mobiliario de uso doméstico; IV.- Tratándose de familias campesinas, el equipo agrícola considerándose como tal, la maquinaria, los útiles, las herramientas, los semovientes, las semillas, los implementos y aperos de labranza; V.- Tratándose de familias que se dediquen al trabajo industrial, el equipo de trabajo, considerándose como tal, la maquinaria, los útiles, las herramientas y en general toda clase de utensilios propios para el ejercicio del arte, trabajo u oficio a que la familia se dedique; VI.- Tratándose de trabajadores del volante, el vehículo en que se presta el servicio público de alquiler, y el derecho a la concesión de las placas, cuando constituya la única fuente de ingresos; y, VII.- Tratándose de familias que dependan económicamente de una persona dedicada a la prestación de servicios profesionales o intelectuales, el equipo de trabajo, considerándose como tal, los libros, escritorios, útiles, aparatos e instrumentos científicos y en general toda clase de utensilios propios para el ejercicio de la profesión a que se dedique el constituyente del patrimonio familiar. Como se puede observar, la figura del patrimonio familiar refiere a la protección de bienes necesarios para la subsistencia de la familia, no así el total de los bienes o aquellos que pudieran ser considerados de lujo, por ello, la propia Ley establece un máximo de bienes a cubrir, equivalentes a la cantidad que resulte de multiplicar 27,000 por el importe del salario mínimo vigente establecido en esta zona del país, digamos a un aproximado en cantidad líquida de $1’438,020.00 (Un millón, cuatrocientos treinta y ocho mil, veinte pesos m.n.), lo que se comprobará con un avalúo sobre los bienes que se pretenda someter al patrimonio familiar.

Al juez que se pida la constitución del patrimonio familiar, se tiene que demostrar lo siguiente: Que el solicitante es mayor de edad o si es menor, que esté casado, esto se justifica con las actas respectivas del registro civil; que está domiciliado en la casa donde pretende establecer el Patrimonio Familiar, para ello podemos valernos de la Credencial de Elector con ese domicilio, comprobantes oficiales de domicilio y una carta del Juez Auxiliar o de Barrio, certificada por el Secretario de Ayuntamiento; La existencia de la familia a favor de la que se va a constituir el patrimonio familiar, igual que el primer requisito, esto lo comprobaremos fácilmente con las actas de nacimiento y matrimonio de la familia; la declaración de dos testigos; Que el bien que se constituirá como Patrimonio Familiar es propiedad del que lo solicita, lo cual demostraremos con una copia certificada de la escritura de la propiedad; y finalmente, habremos de demostrarle al Juez que el valor del bien que pretendemos proteger con el Patrimonio Familiar, está dentro del máximo señalado por la Ley, [$1’438,020.00 (Un millón, cuatrocientos treinta y ocho mil, veinte pesos m.n.)], para lo cual allegaremos el avalúo correspondiente, emitido por experto valuador de bienes.

2. TESTAMENTO

Un tema íntimamente relacionado con el tema anterior, sobre el Patrimonio Familiar, se refiere a elaborar nuestro testamento; ambos temas refieren a asegurar nuestros bienes para el uso y disfrute de nuestra familia, de nuestros hijos y demás seres queridos. Si el patrimonio familiar tiende a asegurar nuestros bienes de mayor necesidad para la familia, mientras ésta subsista y los hijos estén pequeños, la figura jurídica del testamento, tiende a prolongar en el tiempo nuestra voluntad, después de morir, quién y cómo habrán de gozar y poseer nuestros bienes, todos. Hablar de testamento en ocasiones adquiere el toque de tabú, un tema que no hay que mencionar so pena de que recaiga la muerte, decir: “haré mi testamento”, comúnmente, merece la respuesta de: ¡¿ya piensas morir?! Pero, ¿acaso sabemos con precisión cuándo moriremos?, de ninguna manera; y es precisamente que nuestro Código Civil, arrastrando figuras jurídicas tan antiguas y tan necesarias, como el caso del Testamento, lo presenta a la sociedad, como una herramienta jurídica a usarse como una forma de preveer, en caso de sorprendernos la muerte, qué pasará con nuestros bienes, en qué manos queremos que terminen, de qué forma llegarán a esas manos; en sí, el testamento, es la voluntad del autor del testamento después de su muerte, respecto a su bienes. Sin duda, elaborar nuestro testamento es una meta inmediata y sumamente importante para toda persona en año nuevo venidero, pues un testamento como tal, que establece la última voluntad del difunto, tiende a mejor disponer de sus bienes por aquellos que le sobreviven, pero sobre todo, un testamento es el mejor deseo de su autor, para evitar problemas y conflictos a sus familiares, su voluntad escrita en ese documento, preserva la paz y unidad de la familia.

Para elaborar un testamento es indispensable acudir ante un Notario Público, cual sea; el trámite es muy simple, simplemente se llena una forma con los datos de la persona que desea el testamento, se deja una copia de su identificación oficial, se expresa las personas o persona que habrá de ser el heredero (s), desde luego, que dentro del testamento se pueden fijar formas de repartir los bienes, tiempos, condiciones, y para ello, siempre podrá contar con un abogado calificado de la propia notaría pública y del propio titular de la notaría, quien como servidor público, deberá estar siempre dispuesto a asesorarlo sobre la mejor forma de elaborar su testamento. Finalmente, terminado dicho documento, el autor del testamento lo firmará, quedando al Notario Público realizar el registro del documento, y posteriormente entregará al testador, una copia certificada del mismo. Hacer un testamento público abierto ante un Notario Público tiene un costo al alcance de todos, aproximadamente entre $1,000.00 a $1,500.00 pesos; un gasto que simplemente vale la pena hacer por nuestra familia.

3. JUICIO DE INTESTADO Y JUICIO TESTAMENTARIO

A propósito de no preveer y elaborar el testamento de que hablamos en el punto anterior, nuestra legislación vigente establece los juicios que procede promover a los familiares para disputar el mejor derecho de hacerse de los bienes de la persona que murió intestada. Este es un Juicio que indiscutiblemente es necesario elaborar a fin de que un Juez determine quién o quienes serán los herederos del difunto, sin este procedimiento, nadie puede señalarse como dueño de lo que le perteneció al fallecido, sin este juicio, no es posible hacer los cambios de propiedad de los bienes que pertenecieron al difunto intestado, es decir, casas, terrenos, coches y demás bienes que están a nombre del desaparecido, seguirán así mientras no exista una declaratoria de Juez jurisdiccional que declare herederos y nuevo propietarios de esos bienes. No son pocos los casos que existen hoy por hoy en tal situación, sabemos de familias que viven y gozan de los bienes del padre o la madre, o abuelos difuntos intestados, que pelean internamente anteponiendo un derecho mejor, que por que papá o mamá lo quería más a él, a ella, que porque fue el favorito de abuelita, etc., lo cierto es que no hay un documento que así lo diga y justifique tal situación de ser el verdadero heredero de tales o cuales personas fallecidas; se sabe de familias con grandes propiedades cuyos ascendientes murieron intestados, y las propiedades siguen a nombre de aquellos muertos, y los vivos sin la posibilidad real y práctica de poder vender, rentar, hipotecar o hacer determinados negocios con dichos predios, dado que la Ley no se los autoriza, puesto que no son dueños de esos bienes. Ante tal situación, es conveniente que hacer tal juicio de intestado sea una prioridad de año nuevo, una meta a alcanzar para volver al cause normal una situación jurídica que la muerte de una persona trastocó de manera importante.

El caso del no promover el Juicio testamentario tiene de forma efectos parecidos a la situación que deja el Intestado, con la pequeña gran diferencia que, hablar de un Juicio testamentario presupone que hubo un testamento, y sólo es cuestión de que un Juez jurisdiccional o el propio Notario Público que realizó el testamento, a solicitud de los presuntos herederos, sean declarados herederos por aquellos servidores públicos, a efecto de que en tal calidad puedan tomar posesión y entrar en propiedad de los bienes que les dejó el difunto; la realización del Juicio Testamentario es ineludible, pues solamente a través de este juicio, los herederos nombrados en el testamento, pueden ser señalados como propietarios d esos bienes, con todos los derechos y obligaciones que la Ley les establece, tal como si fueran el propio difunto, y sólo de esa manera, en términos prácticos, podrán vender, hipotecar, rentar, y hacer lo que mejor les convenga con dichos bienes, mientras no.

Algunos de los requisitos que usted necesitará para iniciar estos juicios, son; en el caso del Juicio Testamentario (cuando hay testamento), presentar la copia certificada del Testamento ante el Notario Público y ante el Juez de lo Familiar, solicitando se abra dicho Juicio, además de las identificaciones de los presuntos herederos. En el caso del Juicio de Intestado (cuando no hay testamento), habrá que presentar la denuncia de intestado, acompañar las actas del registro civil con las que justifique el parentesco con el difunto, domicilios de otras personas que usted considere tienen derecho también a esa herencia, identificaciones, escrituras o títulos de propiedad de los bienes del difunto, entre otros documentos que se consideren importantes para cada caso en concreto.

Ambos juicios, sin lugar a dudas, y si está usted viviendo dichas circunstancias, deberán ser agendados como compromisos prioritarios a hacer para el año nuevo venidero, propósitos que de realizarse, le darán a usted y los suyos bienestar, certeza y seguridad jurídica ciento por ciento.

4. EL DIVORCIO

En el argot legal existe un dicho que tiende a prestarse como un consejo de abogados a clientes propensos al divorcio: “más vale un buen divorcio que un mal matrimonio”, y la frase es válida y toma tintes de seriedad, si tomamos en cuenta que el propio Código Civil del Estado de Nuevo León, y en sí la legislación mexicana toda, señala que el matrimonio es la unión legal de un hombre y de una mujer, y que dicha unión tiene por objeto el de darse ayuda mutua, procrear la especie, guardarse fidelidad y crear entre ellos una comunidad de vida permanente; así las cosas, la propia Ley establece medios legales para el caso de que, si aquél objeto no se cumple, puede ser remediado disolviendo la unión legal llamada matrimonio, estableciendo la figura jurídica, del Divorcio. Hablar de divorcio, en tiempos anteriores, se trataba de una afrenta a la sociedad, de un tabú, de falta de seriedad hacia la familia, era un estigma o mala fama, especialmente para la mujer; hoy en día, en la actualidad, las cosas han cambiado, y hoy en día, la afrenta para la sociedad es saber de matrimonios disueltos de manera ilegal, por la sola voluntad de los cónyuges, que a la sazón traen diversas consecuencias jurídicas, es decir, un desorden total; tenemos mujeres casadas y separadas de años de sus esposos, pero juntas con otro hombre, y con el cual han procreado hijos, y estos hijos con apellidos del padre biológico, lo cual es ilegal, y en el peor de los casos, con hijos sin registrar ante la Autoridad Civil, y los niños por tal motivo, perdiendo años de preescolar y primaria, puesto que carecen de su acta de nacimiento para ser inscritos; el caso del hombres casados y separados es similar, juntos con otra mujer y dejando de lado sus obligaciones de padres frente a los hijos habidos dentro de su matrimonio. Se debe entender que, si bien en la vida de los hombres y mujeres libres de este país, es cierto, que prevalece de fondo la voluntad de cada quien, pero que esa voluntad es formalizada por la Ley, por ello, si separarse es lo que se desea, por parte de los cónyuges, existen los medios legales que establecen la forma en que deben disolver su matrimonio, y antes de separarse y juntarse con otro hombre o mujer, según el caso, antes de procrear hijos con terceros, deben solicitar su divorcio, que es la institución que les permitirá en el futuro contraer nuevas nupcias o simplemente vivir en el concubinato, también llamado, unión libre.

Nuestro sistema legal prevé dos formas de tramitar el divorcio, señalando la forma necesaria y la voluntaria. El divorcio necesario, implica un Juicio contencioso, es decir, de pleito entre ambos cónyuges, en el cual el hombre o la mujer, demanda al otro o mutuamente, tratando de demostrar una falta, un acto ilícito que la misma Ley Civil prevé como causa de divorcio, ejemplo: adulterio, abandono del hogar conyugal, falta de alimentos, etc. Por lo general es éste un juicio largo y desgastante, desde cualquier punto de vista, para ambos consortes, la familia de cada uno y sobre todo, los hijos, si los hay. En contraste, tenemos el divorcio llamado voluntario, que consisten en que ambos cónyuges por mutuo consentimiento, llegan ante la autoridad competente en solicitud de divorcio. En esta clase de divorcio tenemos, el divorcio administrativo, que se lleva ante el Oficial del Registro Civil que casó a la pareja; ello implica reunir determinados requisitos que la misma Ley ordena, como no tener hijos o habiéndolos, que éstos sean mayores de 30 años y no sean incapaces, la mujer no estar embarazada, no tener bienes o haber liquidado la sociedad. Se trata de un divorcio de lo más simple, que lleva en tiempo un mes, se acude ante el Oficial, como se señaló, se llena una solicitud, se acompaña carta de no propiedad, constancia médica de no embarazo, se paga un derecho que no rebasa los $1,500.00 pesos; hay dos audiencias a las que hay que acudir y de insistir en su voluntad de divorcio, se les declara divorciados, extendiéndose su acta respectiva de divorcio. Por otro lado, el divorcio por mutuo consentimiento judicial, éste es más elaborado que el anterior, dado que se tienen que cumplir una serie de requisitos fundamentales que establece la Ley, para que el Juez jurisdiccional de la causa tome decisiones que son trascendentales en cuestiones de bienes, pero sobre todo, sobre los hijos habidos en el matrimonio. Este procedimiento de que hablamos, inicia con una solicitud escrita firmada por los cónyuges que pretenden divorciarse, a esta demanda se acompaña un convenio o acuerdo escrito entre los esposos, donde establecen la forma y términos respecto de alimentos entre sí, para los hijos, la custodia de los menores, si quedan bajo el cuidado de mamá o papá, tiempo de convivencia padres e hijos, la garantía de alimentos de los hijos, igualmente se fijan términos de cómo se dividen los bienes existentes en la sociedad conyugal, entre otras cosas que acuerden la pareja. El trámite de este procedimiento se lleva, como ya lo mencionamos ante un Juez de lo Familiar, es oral, es decir, en una audiencia frente al Juez, los cónyuges manifiestan a pregunta expresa del funcionario, su deseo de divorciarse, y es en esta audiencia, donde el Juez, estimando que se ha cumplido con los requisitos establecidos en la Ley, declara el divorcio; todo este procedimiento se lleva acaso 30 días hábiles, a un costo económico bajo, respecto a los honorarios del abogado, contrario a lo que resulta un divorcio necesario, y menos desgastante que este último.

Si bien es cierto que siempre estamos y estaremos a favor del matrimonio, por su fin noble y como institución base de la familia, lo también cierto es que, sabemos que un matrimonio que no cumple con el objetivo que establece la Ley, no trae beneficios ni para los cónyuges, ni para los hijos, ni para la sociedad en sí, por ello, si usted se encuentra en una situación difícil respecto a su matrimonio, si éste ya no es viable o prácticamente no existe, sino por el contrario, cada cónyuge, desde hace años ha tomado caminos diferentes, sin disolver legalmente su matrimonio, el divorcio es uno de los puntos que debe proponerse como meta para el nuevo año, bajo el esquema de que es la medida jurídica que le servirá para regularizar tu status jurídico civil, es decir, hacer las cosas bien hechas desde el punto de vista jurídico.

5. ALIMENTOS

El asunto del derecho a los alimentos de acuerdo a nuestras Leyes, especialmente tratándose de menores, adquiere un valor preponderante en nuestra sociedad, es algo de interés público, es decir, que el Estado siempre pugnará a través de la legislación y sus instituciones a efecto de que esto se cumpla por quien esté obligado a ello, de acuerdo a la norma jurídica aplicable. El concepto de alimentos desde el punto de vista jurídico adquiere un matiz especial, alimentos no se trata de comida en sí, sino comprende vestido, asistencia médica, habitación, comida, y tratándose de menores, además, su educación y lo necesario al respecto, hasta proporcionales una profesión u oficio que los lleve a valerse por sí mismo. Es tan importante este tema, sobre todo, como ya lo mencionamos, si se refiere a alimentos para menores de edad, que nuestra legislación faculta, en caso de existir la irresponsabilidad de los obligados, a diversas figuras jurídicas, para intentar las acciones correspondientes y conseguir se cumpla con ese deber, desde hermanos, abuelos, tíos, tutor, el Ministerio Público, el propio deudor alimentista y desde luego, quien lo tenga en custodia, que comúnmente se trata de la madre. En la práctica, comúnmente es el hombre quien mayormente se desentiende de esta obligación, sobre todo, cuando hablamos de cónyuges separados, familias abandonadas por el hombre, madres solteras, entro otros casos; la queja es la misma, el dinero no alcanza y hay incumplimiento por parte del otro cónyuge, de ahí la injusticia de tener que ser uno, quien sea, el hombre o la mujer, quien se vea en la necesidad económica para alimentar a sus hijos y así mismo, ante la ausencia de empleo o la falta de capacidad para obtener el dinero con su trabajo. Ante tal situación, el Código Civil es claro al señalar quienes están obligados a dar alimentos y quienes tienen derecho a recibirlos; tienen obligación recíproca de darse alimentos los esposos, los concubinos igualmente, cuando uno de ellos carezca de bienes, esté incapacitado para trabajar y carezca de ingresos económicos, los padres están obligados frente a los hijos, a falta de éstos, serán los abuelos, los hijos quedan obligados a dar alimentos a los padres, igual los hermanos mayores frente a los menores, entre otras hipótesis jurídicas señaladas en el marco legal.

El derecho a los alimentos es reclamable mediante un Juicio de Alimentos que se interpone ante el Juez de lo Familiar, a quien se recurre en demanda de los mismos para que sea requerido quien se considere desde el punto de vista jurídico, esté obligado a darlos. Pongamos el ejemplo más común, la esposa que ha sido abandonada con sus hijos por su esposo, quien incumple con su obligación de dar alimentos; en este caso, será la mujer, como madre de los menores y por sus propios derechos quien ocurra ante el Juez, ya sea en forma escrita u oralmente, a solicitar se requiera al esposo para que cumpla con alimentos; el Juez, oyendo su reclamo, procederá a decretar una pensión alimenticia provisional y requerirá al padre de los menores para que entregue cuanto antes dicha pensión, el decreto del Juez judicial lleva intrínseco un mandato que implica que dicha pensión se retenga del salario del deudor alimentista, esto por el patrón, y a falta de pago, hasta el embargo de bienes del esposo. Desde luego, hay los casos en que el hombre, dolosamente busca evadir dicha responsabilidad, renuncia a su empleo para que no se le descuente la pensión, se deshace de sus bienes mañosamente, no obstante, en estos caso estamos hablando de un presunto delincuente, que comete el delito de abandono de familia, lo que le traerá por consecuencia una sanción penal y privación de su libertad por dicho acto. Como se puede ver, la cuestión de alimentos es un tema tomado muy en serio por nuestras Leyes, que señala sanciones de diversa índole, para aquellos que legalmente se encuentran obligados y que no obstante, incumple con ello, por lo que dichas sanciones van desde el descuento directamente de su salario de dicha pensión alimentaria, pasando por el embargo en su caso, y en determinados casos, sanciones penales.

Para el caso de que sean menores de edad quienes sufren este tipo de privaciones, es decir, que requieren de alimentos y no le son suministrados por quien legalmente debe hacerlo, es un deber preponderante que quien los tiene bajo su custodia haga por ellos, intentando la acción legal correspondiente para que cese esa necesidad alimentaria de los menores, que siéndolo se trata de un grupo social vulnerable, dependiente de los mayores por completo. Por ello, padres, madres, abuelos, tíos, hermanos y demás familiares, siempre deberán estar atentos para hacer la reclamación legal correspondiente, con miras a que los menores siempre cuenten con lo necesario para subsistir.

Sin duda, para aquellos que se encuentren en una situación de carestía de alimentos, por cuestión de que ya sea el padre o la madre, esposo o esposa, incumplan con tal obligación, deben proponerse este deber como meta de año nuevo, mayormente que se trata de un acto de justicia.

Nota: Para la realización de cada una de estas acciones, asesórate con un profesional en derecho, ya que a excepción del Juicio de Alimentos, que puedes ocurrir directamente al Juzgado Familiar, los demás trámites requieren del apoyo de un abogado legalmente autorizado.